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Quemados - Resumen ejecutivo

Una investigación a profundidad realizada por Revistazo, haciendo amplio uso de la herramienta Empresas Abiertas, revela un “negociazo” con la energía solar que, para unos pocos, les habría generado ganancias millonarios a cambio de crear “empresas” que existían más que todo en la imaginación.

 

  • El 20 de enero del 2014, el Congreso Nacional, sin licitar, otorgó contratos entre la ENEE y 21 empresas de energía solar.
  • Al parecer casi todas las empresas fueron constituidas para hacer movida, no para generar energía, ya que 17 de ellos fueron vendidos entre 1 a 15 meses después de aprobar sus contratos con la ENEE.
  • Los operadores actuales de estas empresas benefician de unas de las tasas más altas de Centroamérica de la energía solar, garantizado por veinte años.
  • Pobladores de algunas comunidades donde se ubican los proyectos alegan que han destruido fuentes de agua.
  • Hay denuncias que la aprobación de los contratos habría violentado la constitución de la Republica, por haberse aprobado fuera del periodo de vigencia del Congreso Nacional.

L a crisis financiera de la ENEE constituye la mayor amenaza a las finanzas del estado hondureña, según el Fondo Monetario Internacional. Y según este organismo, los contratos onerosos con empresas generadores de la energía eléctrica estarían entre las causas principales de este descalabro.

En muchos países la energía renovable se ha convertido en una alternativa más amigable al medioambiente, y a la vez más barata comparado con la generación de electricidad a base de combustibles fósiles.

Así pudo haber sido en Honduras también. Sin embargo, varios altos funcionarios del país tuvieron otros planes.

Una investigación a profundidad realizada por Revistazo, haciendo amplio uso de la herramienta Empresas Abiertas, revela un “negociazo” con la energía solar que, para unos pocos, les habría generado ganancias millonarios a cambio de crear “empresas” que existían más que todo en la imaginación, mientras para la ENEE, se convirtió en una herida auto-infligida que hasta el día de hoy ha causado el derroche innecesario de entre $50 y $200 millones de dólares (L. 1,100 a L. 4,400 millones).

Los contratos

El 16 de enero del 2014, el entonces gerente de la ENEE, Emil Hawit, aprobó 23 contratos con 21 empresas dedicadas a la generación de energía a base de la luz del sol. El 20 de enero del mismo año, los contratos fueron ratificados por el Congreso Nacional.

Cada contrato tiene vigencia de 20 años, a un precio garantizado y que incluso, será ajustado cada año de acuerdo a la inflación.

Según el análisis de Revistazo, estos contratos presentan al menos cuatro problemas o irregularidades grandes. Algunos de ellos posiblemente representan violaciones de las leyes del país. Otros, al parecer están de acuerdo con las leyes del país, pero claramente van en contra de la moral y el interés público.

 

Problema 1: Creación y venta de empresas oportunas

Las investigaciones de Revistazo sugieren que casi todas las empresas fueron constituidas para hacer un negociazo, no para generar energía. Utilizando la herramienta Empresas Abiertas y los datos públicos disponibles en los Registros Mercantiles del país, Revistazo rastreó cada uno de las 21 empresas , desde su creación y siguiendo la cadena de cada compraventa de acciones.

De esta forma, se comprobó que de las 21 empresas, 17 habían existido por apenas un año o menos antes de firmar contratos con el Estado. Asimismo, 15 meses después de la firma de los contratos, 17 de las 21 empresas ya habían sido vendidos en su totalidad a socios distintos a los que fundaron las empresas. (En algunos casos, uno de los socios fundadores mantenía una sola acción de la empresa).

El Tribunal Superior de Cuentas y hasta los mismos socios actuales de algunas de estas empresas han confirmado que al momento de ser contratados por el Estado, la mayoría de las empresas no cumplían con los requisitos y existían solo en papel y en algunos terrenos polvosos en el sur del país.

A través de los registros de estas empresas en el Registro Mercantil, aunado a otras fuentes, Revistazo también descubrió quienes fueron los socios fundadores de las 21 empresas. Entre ellos figuran el yerno de un ex presidente, una ex candidata a diputada por Francisco Morazan, el esposo de una ex candidata a vicealcaldesa de San Pedro Sula, y un notario ligado a los Cachiros, quienes por varios años fueron el grupo de narcotráfico más poderoso en el país. En todo el universo de socios, los que brillan por su ausencia son personas de los cuales Revistazo pudo verificar alguna experiencia o antecedente en la generación de energía renovable.

Problema 2: Precio Inflado y Oneroso

A cada uno de las 21 empresas, el Estado hondureño se comprometió a pagar un precio que podría ascender hasta $0.18 por kWH. En contraste, durante el mismo año, 2014, el precio promedio en las américas era sólo de $ 0.11. Durante este año, Panama logró contratar a generadores de empresas solares al precio de $0.09 por kWH. Y en el 2018, El Salvador firmó contratos por la generación de energía fotovoltaica por solo $0.05 por kWH.

Al parecer, los representantes del Estado hondureño ni intentaron lograr un precio favorable, ya que escogieron de dedo a las 21 empresas, haciendo una contratación directa. En cambio, los contratos otorgados por el estado de Panamá en el 2014 se lograron mediante un proceso competitivo de licitación.

El resultado de esta actuación de las autoridades hondureñas, es que por los aproximadamente 2.4 mil millones de kWH de energía que se han producido las empresas fotovoltaicas desde 2015 al 2018, Honduras ha pagado entre $50 a $200 millones más de lo que hubiera pagado si se hubiera pactado precios como los de Panamá o El Salvador.

Problema 3: Cumplimiento de Deberes Ambientales y Sociales

Según las reformas del 2013 a la Ley de Promoción de la Energía Renovable, cada empresa debe consensuar un plan de responsabilidad social empresarial con las comunidades afectadas por la tala de árboles y otros efectos de la construcción de las granjas solares.

Sin embargo, dictámenes de la Comisión Nacional de Energía señalan que varias de las 21 empresas no acreditaron haber llevado a cabo sesiones de socialización con las comunidades.

En las comunidades aledaños al Proyecto Fotovoltaico Los Prados, sitio de cinco de las 21 empresas ubicado en Namasigue, Choluteca, varios vecinos se quejan de los supuestos daños ocasionados por el proyecto.

“El problema es por el agua, las quebradas se están secando por los descombros (tala del bosque) que ha hecho la empresa. El pozo de Guamerú se seca por la tala del bosque,” dijo a Revistazo Mariano Huete Zelaya, un vecino de la aldea Guamerú, quien ha sido acusado criminalmente por llevarse a cabo protestas en contra de la construcción del Proyecto Fotovoltaico los Prados.

“Las aves, los garrobos y las ardillas han desaparecido. Ellos andan entre los arboles buscando comida y aparecen muertos. Y entre 7 y 8 ardillas al día se mueren por el calor y los pájaros chocan con los paneles y allí se mueren también,” dijo Huete.

Por su parte, los desarrolladores del proyecto los Prados aseveran que están tomando medidas para mitigar los efectos sobre las comunidades aledañas.

“Para todos los proyectos, incluido Los Prados, se desarrolló un sistema de gestión ambiental y social con varios planes de subgestión antes de comenzar las actividades,” dijo a Revistazo por medio de correo electrónico, un vocero de Norfund, una entidad de la cooperación Noruega que mantiene 15% de las acciones del proyecto los Prados.

“Los programas sociales implementados incluyen por ejemplo un proyecto de electrificación en El Obraje que beneficia a 83 casas, un proyecto de agua en Ranchería que beneficia a 81 casas, proyectos de mejoras del hogar en Prados 1 donde 165 casas recibieron materiales para mejorar techos, paredes y pisos, así como cercado de una escuela local y una cancha de fútbol en Prados 2,” dijo Norfund.

Problema 4: Denuncian que el Congreso aprobó los contratos en una fecha cuando ya no estaba habilitado para legislar

“Todos esos contratos son nulos”, dijo a Revistazo el diputado del Congreso Nacional por el departamento de Cortés, Luis Redondo.

Redondo hace referencia a la última sesión del Congreso Nacional 2010 – 2014, sesión que empezó el viernes 17 de enero del 2014, a las 11 de la noche, y que finalizó hasta las 10 de la noche del lunes 20 de enero—fecha en que el Congreso ya no estaba habilitado para legislar, según Redondo.

El Articulo 189 de la Constitución de la República indica que el periodo de sesiones del Congreso Nacional, conocido como legislatura, inicia el 25 de enero y se clausura el 31 de octubre de cada año. Sin embargo, ese poder del Estado tiene la potestad legal para prorrogar el tiempo por el tiempo que sea necesario.

En este caso, los diputados del Congreso que estuvo vigente de enero del 2010 a 2014 decidieron extender su última sesión más allá de octubre. Mediante Decreto Legislativo 210-2013, del 6 de septiembre del 2013, el Congreso Nacional aprobó ampliar el periodo de sesiones del 1 de noviembre del 2013 hasta 19 de enero del 2014.

Sin embargo, los 23 los contratos de energía renovable fueron aprobados en el Congreso Nacional hasta el 20 de enero del 2014, hecho que según Redondo, los haría nulos.

Redondo ha denunciado la situación ante la MACCIH, el MP, y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), entre otros.