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Contratos de Energía Solar estarían nulos por aprobación irregular

“Todos esos contratos son nulos”, dijo a Revistazo el diputado del Congreso Nacional por el departamento de Cortés, Luis Redondo.

 

L os 23 contratos para la generación de energía solar fueron aprobados el 20 de enero del 2014, por los diputados elegidos en el 2009, a pesar que en esa fecha ya no estaban habilitados para legislar. 

“Todos esos contratos son nulos”, dijo a Revistazo el diputado del Congreso Nacional por el departamento de Cortés, Luis Redondo.

Redondo hace referencia a la última sesión del Congreso Nacional 2010 – 2014, sesión que empezó el viernes 17 de enero del 2014, a las 11 de la noche, y que finalizó hasta las 10 de la noche del lunes 20 de enero—fecha en que el Congreso ya no estaba habilitado para legislar, según Redondo.

Luis Redondo es un ingeniero en sistemas, que en las elecciones de noviembre del 2013 resultó electo diputado para el periodo legislativo 2014-2018, en representación del Partido Anticorrupción (PAC). Y ahora sigue siendo diputado, electo por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, en la planilla del Partido Innovación y Unidad (PINU).

Según Redondo, los 23 los contratos de energía renovable que fueron aprobados en el Congreso Nacional el 20 de enero del 2014, junto con 54 otros contratos de energía hídrica y eólica aprobados el mismo día, son ilegales, ya que para esta fecha no estaban habilitados para legislar.

Lo que dice la Constitución

El Articulo 189 de la Constitución de la República indica que el periodo de sesiones del Congreso Nacional, conocido como legislatura, inicia el 25 de enero y se clausura el 31 de octubre de cada año. Sin embargo, ese poder del Estado tiene la potestad legal para prorrogar el tiempo por el tiempo que sea necesario.

En este caso, los diputados del Congreso que estuvo vigente de enero del 2010 a 2014 decidieron extender su última sesión más allá de octubre. Mediante Decreto Legislativo 210-2013, del 6 de septiembre del 2013, el Congreso Nacional aprobó ampliar el periodo de sesiones del 1 de noviembre del 2013 hasta 19 de enero del 2014.

Sin embargo, a pesar que ya se había vencido su mandato, el 20 de enero del 2014 los legisladores se reunieron y aprobaron 77 contratos de energía renovable, entre otros actos legislativos.

Todos estos contratos están contenidos en el Decreto Legislativo número 376-2013, publicados hasta el 10 de mayo del 2014, en el Diario Oficial La Gaceta edición , el cual en su parte final claramente dice: “Decreto 376-2013, Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veinte días del mes de enero del dos mil catorce.”

El diputado Redondo empezó sus funciones como diputado de la nueva legislatura cinco días después de estar aprobados estos contratos. Cuando se dio cuenta de ellos, empezó a investigar y documentar lo que había pasado, para luego poner la denuncia.

Aprobado sin debate

Según el diputado Redondo, “Nos llamó la atención el grueso contenido de los contratos y que algunos fueron traídos al Congreso un día antes de ser aprobados”, sostuvo.

Según Redondo, no solo es que los contratos fueron aprobados después de vencer el mandato de la legislatura. También, según él, no siguieron el procedimiento normal: que un sea presentados en la Secretaría del Congreso, que la Secretaría les diera lectura en el pleno, que fueran dictaminados y posteriormente aprobados. Redondo dice que tampoco se sometieron a los tres debates. “Y eso no es posible”, indicó.

¿Por qué tanta prisa?

Al parecer, el chorro de legislación aprobado en los últimos días del Congreso del 2010 – 2014, incluyendo a más de 2 mil páginas de contratos el 20 de enero del 2014, representa el intento desesperado de un sector de legisladores para lograr sus objetivos antes que perdieran su poder.

Varios de los diputados de este Congreso, incluidos los miembros de la junta directiva como Juan Ramón Velasquez Nazar, Marvin Ponce, Alba Nora Gúnera, Orle Solís, Victoria Carrasco, Rigoberto Chang Castillo y Eliseo Mejía, ya no regresarían al Hemiciclo legislativo, debido a que no habían sido electos para el periodo 2014-2018.

Asimismo, la distribución de poder entre los partidos cambiaria significativamente después del 25 de enero del 2014, cuando entrara el nuevo Congreso. El Congreso Nacional está conformado por 128 diputados. En el periodo 2010-2014, el Partido Nacional mantenía en su bancada a 71; el Partido Liberal tenía 45; la Democracia Cristiana (DC), 5; el Partido Unificación Democrática (UD), 4 y el PINU 3.

Ya para el siguiente periodo (2014-2018) las cosas cambiaron. La membresía del Partido Nacional disminuyó drásticamente, como también se redujo el número diputados liberales, los partidos, UD, DC y PINU que cayeron al borde del desaparecimiento porque solo alcanzaron un miembro cada uno.

Este periodo legislativo estuvo conformado por 48 diputados del Partido Nacional, 37 de Libertad y Refundación (LIBRE), 27 liberales, 13 del Partido Anticorrupción (PAC) y una representación de cada uno, del PINU, UD y DC.

MACCIH, MP y CIDH conocen la denuncia

El diputado Redondo informó a Revistazo que diversos organismos de transparencia y operadores de justicia nacionales y extranjeros tienen conocimiento de la ilegalidad que cometió el Congreso el 20 de enero del 2014, donde participaron según el acta número 61, 105 parlamentarios.

Sostuvo que en noviembre del 2017 presentó la denuncia documentada con medios de prueba, en el Ministerio Público, la MACCIH y el CNA. Agregó que también presentó en la Corte Suprema de Justicia cinco recursos de amparo y uno inconstitucionalidad.

Redondo lamentó que en la Corte Suprema de Justicia no le haya dado trámite para resolver ninguno esos recursos. No obstante, sí han iniciado acciones en la MACCIH, el Ministerio Público y el CNA.

Con relación al Ministerio Público, dijo que el caso está siendo manejado por la Unidad de Asuntos Especiales.

Como acción colateral a la acusación del supuesto fraude electoral que mantiene en el poder al Partido Nacional, en enero pasado, Redondo asegura haber presentado la denuncia de inconstitucionalidad de los contratos de energía en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estado Americanos (OEA), en Washington.

La denuncia en la CIDH y la OEA tenía el propósito de solicitar la no validación de los actos irregulares que había cometido el Congreso Nacional, el 20 de enero del 2014.

Ese veinte de enero, señalado como fecha ilegal para realizar sesiones en el Congreso 2010-2014, los mismos diputados que aprobaron los contratos de energía solar, también eligieron a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que en noviembre del 2017 fueron acusados de manosear resultados de la elección presidencial, que mantiene en el poder a Juan Orlando Hernández.

La denuncia en la CIDH y OEA, según Redondo, también hace referencia de la destitución en diciembre del 2012 de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, que para él, es el inicio del montaje de un escenario de todas las irregularidades que conducen a la reelección presidencial.