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"Nos están destruyendo las fuentes de agua"

Comunidades en el sur de Honduras alegan falta de consulta previa y supuestos daños al ambiente ocasionados por construcción de plantas de energía solars

 

C omunidades en el sur de Honduras alegan falta de consulta previa y supuestos daños al ambiente ocasionados por construcción de plantas de energía solar

Según las reformas del 2013 a la Ley de Promoción de la Energía Renovable, cada empresa debe consensuar un plan de responsabilidad social empresarial con las comunidades afectadas por la tala de árboles y otros efectos de la construcción de las granjas solares.

Dos operadores de plantas solares consultados por Revistazo aseguran que están cumpliendo con todas sus responsabilidades sociales y ambientales. Pero pobladores en el municipio de Namasigue, Choluteca y documentos oficiales revisados por Revistazo ponen en duda si el Estado está tomando en serio su responsabilidad de asegurar el bienestar de las comunidades donde se desarrollan los proyectos fotovoltaicos.

Conflictos en el sur

En el municipio de Namasigue, Choluteca, las empresas noruegas Norfund y Scatec intentan desarollar el Proyecto Fotovoltaico Los Prados, que aglomera cinco empresas constituidas por Liana Maria Bueso y Jim Eloy Muñoz Gómez y posteriormente adquirido por los noruegos. Sin embargo, estos trabajos se han detenido por oposición de pobladores de al menos 12 comunidades que se sienten afectadas.

Pobladores de varias comunidades de Namasigue protestan frente a Los Prados.

“Estamos trabajando en el Proyecto Los Prados, Scatec Solar ha construido el proyecto de cero, incluyendo la infraestructura de interconexión”, dijo a Revistazo, la oficial de relaciones públicas de la empresa, Gloria Rodríguez.

Los inicios de la construcción de LOPRASA se sitúan en la aldea Los Prados, a la orilla de la carretera que de Namasigue conduce a la aduana del Guasaule, frontera con Nicaragua. Desde la calle se observa el resplandor que en medio de un rastrojo alto irradian las estructuras metálicas edificadas para la instalación de los paneles solares. El inmueble es resguardado por guardias de seguridad privada, pero aun así, en la entrada principal, conformada por un portón falso de alambre de púas, los pobladores han colocado un nacional en símbolo de resistencia.

A un lado de la calle, en el espacio determinado como derecho de vía, un reducido grupo de pobladores vigila de cerca para evitar la entrada de materiales que le permitan a la compañía continuar instalando la planta de generación. Pero a dos kilómetros de distancia, en la aldea Los Prados I, equipo pesado contratado por Scatec aplana el área donde supone instalar la subestación de entrega.

Calor, sequia y tala de arboles

“Nos están destruyendo las fuentes de agua,” dijo a Revistazo una vecina de la aldea Guamerú, a quien le prometimos omitir su nombre a cambio de que hablara. Ella explicó que solo entre Guamerú y la aldea Costa Azul, 188 familias estarían siendo afectadas con la instalación de la planta solar. Y añadió que la compañía ha derribado centenares de árboles que ponen el riesgo las fuentes de agua y el hábitat de diversos animales.

Parque Pavana Solar, en Choluteca, desarrollado y operado por la empresa Energía Básica, S.A. (ENERBASA).

“Pero no solo somos nosotros, también esta Rancherías, Los Prados I y Los Prados II, Santa Emilia, El Obraje y El Chaguitón, que también van a salir afectadas”, detalló la fuente. Criticó la parcialidad a favor dela empresa que según ella, ha demostrado el alcalde municipal, Douglas D’Vicente.

El problema se da porque según los moradores, las autoridades omitieron la consulta previa del proyecto.

La consulta previa es el derecho que de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tienen los pueblos a decidir sus propias prioridades en lo concerniente al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera. Honduras ratificó el Convenio 169 en el año de 1995.

La lucha de estos pobladores es apoyada por diversas organizaciones de la sociedad civil, en las que destacan la Pastoral Social Caritas de Honduras y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, entre otras.

Revistazo también habló con Mariano Huete Zelaya, un vecino de la aldea Guamerú que ha sido acusado criminalmente por sus protestas a la construcción del Proyecto Fotovoltaico los Prados.

“El problema es por el agua, las quebradas se están secando por los descombros que ha hecho la empresa. El pozo de Guamerú se seca por la tala del bosque”, dijo Huete.

Rios y quebradas se secan segun pobladores de las comunidades donde se estan construyendo los proyectos. fuente: Avispa Midia

“Las aves, los garrobos y las ardillas han desaparecido. Ellos andan entre los arboles buscando comida y aparecen muertos. Y entre 7 y 8 ardillas al día se mueren por el calor y los pájaros chocan con los paneles y allí se mueren también”, Huete agregó.

Según Huete, los dueños del proyecto fotovoltaico han botado centenares de árboles, tantos que “si hacemos cuentas no terminamos hoy porque donde se instalaron los paneles era una montaña y había muchos árboles antiguos. Varias personas adultos mayores que hemos consultado dicen que esos árboles ya estaban cuando ellos estaban niños.”

Norfund y alcaldía de Namasigue se defienden

Por su parte, un vocero de la empresa Norfund, dueño de 15% de las acciones en las cinco empresas comprendidas en el Proyecto Fotovoltaico Los Prados, dijo que están haciendo buenas obras en las comunidades aledañas.

“Para todos los proyectos, incluido Los Prados, se desarrolló un sistema de gestión ambiental y social con varios planes de subgestión antes de comenzar las actividades”, dijo mediante correo electrónico, el vocero de Norfund.

“Los programas sociales implementados incluyen por ejemplo un proyecto de electrificación en El Obraje que beneficia a 83 casas, un proyecto de agua en Ranchería que beneficia a 81 casas, proyectos de mejoras del hogar en Prados 1 donde 165 casas recibieron materiales para mejorar techos, paredes y pisos, así como cercado de una escuela local y una cancha de fútbol en Prados 2”, dijo Norfund.

Revistazo también habló con Osman Oviedo, Jefe de la Unidad Municipal del Ambiente de la municipalidad de Namasigue, Choluteca.

Oviedo sostuvo que los problemas que se han generado en la comunidad tienen tinte político.

Los vecinos también alegan que el alcalde nacionalista, Douglas D´vicente solo llamó a un pequeño grupo de activistas para socializar los proyectos. El jefe de la UMA, Osman Oviedo, asegura que eso no es verdad, que la socialización se realizó en cabildo abierto y que eso consta en acta.

El jefe de la UMA admite que se han botado árboles, pero no tantos, y que “si hay afectación, pero no es tan grande”. Y asegura que eso no afectará las fuentes de agua. Para mitigar el daño ocasionado, Oviedo dice que de acuerdo con la Ley, por cada árbol derribado se deben sembrar tres y que la empresa ha llevado a cabo campañas de reforestación en terrenos públicos y privados.

Estima que se han sembrado 20 mil árboles entre frutales y de bosque latifoliado.

Según Oviedo, la oposición al proyecto se debe sencillamente al malestar de ciertos lideres por no haber recibido alguna tajada o beneficio. “Cuando no se favorece a determinada persona, allí hay movimiento”, afirma el jefe de la UMA.

Oviedo dijo que los proyectos serán beneficiosos para las comunidades del municipio porque generarán empleos.

Ecoener—dueños anteriores de las cinco empresas del Proyecto Los Prados—expulsada de comunidad guatemalteca

Mediante búsquedas con la herramienta Empresas Abiertas y en el Registro Mercantil, Revistazo comprobó que en la cadena de compra-ventas de acciones que empieza con Liana Bueso y Jim Eloy, y termina con Scatec y Norfund, entra en medio Ecoener.

Un vocero de Norfund negó compartir detalles sobre su relación con Norfund. “El contrato con EcoEner que desarrolló el proyecto no es público”, dijo.

Ecoener Inversiones de Centroamérica es propiedad de la empresa española Ecoener S.l, señalada de múltiples delitos incluido el de utilizar testaferros en la compra de terrenos en Santa Cruz de Barillas Huehuetenango, Guatemala. Allí pretendía construir el proyecto hidroeléctrico Ecoener-Hidralia, sobre el río Cambalam pero fue expulsada por los pobladores. No obstante, sigue manteniendo diversos proyectos de energía eléctrica en ese país.

A mediados del 2012 la Fiscalía de Guatemala acusó a los encargados de la seguridad de Ecoener-Hidralia, Oscar Armando Ortiz Solares y Ricardo Arturo García López del asesinato de Andrés Pedro Miguel y de lesionar gravemente a Pablo Antonio Pablo Pablo y Estebán Bernabé Mateo, miembros del pueblo maya Q’anjob’al, que fueron tiroteados el 1 de mayo 2012 en un lugar conocido como Poza Verde por oponerse al proyecto.

La justicia absolvió a los imputados del delito de homicidio y solo declaró culpable por lesiones graves a Ricardo Arturo García López a quien condenó a 5 años de prisión conmutables, mientras que Oscar Armando Ortiz Solares fue absuelto de toda responsabilidad.

En Centroamérica Ecoener es representada por Luis Castro Valdivia y Fernando Rodríguez Alfonso. Ellos son los encargados de comprar acciones en muchas empresas de energía en Honduras y otros países.